España ha tenido históricamente dificultad en conseguir que sus empresas dispongan del desarrollo tecnológico de los países más desarrollados de la UE. Esto ha sido un factor importante que ha llevado a la determinación que el valor añadido por persona ocupada y la productividad están por debajo de la media de la UE-15, siendo este uno de los principales problemas que tienen las PYME españolas. (Delgado & Myro, 2006)[1]

Si se quiere competir en un mercado globalizado resulta imprescindible incrementar el conocimiento y la tecnología de la empresa mediante proyectos de desarrollo e innovación para lograr mantener la competitividad a medio y largo plazo. Es importante que en la economía de un país donde las microempresas son las que más aportan, no estén poco desarrolladas tecnológicamente, como es el caso de España. Creemos que es importante que se incorporen mecanismos que puedan mejorar su gestión y eficiencia como son los sistemas ERP.  

Las innovaciones tecnológicas son un elemento clave para el aumento de la productividad de los factores de las economías modernas. Ello permite obtener notables mejoras tanto de eficiencia económica como de bienestar de sus habitantes. España se ha caracterizado históricamente por estar por debajo de los promedios europeos, hasta ser el aspecto más preocupante de su economía.

Existen dos ámbitos de estudio en la relación economía-tecnología. Aquella que se pregunta cómo afecta al crecimiento de las economías la introducción del cambio tecnológico, y la que estudia cuáles son las condiciones de los mercados que favorecen la introducción de innovaciones tecnológicas por parte de las empresas que compiten en ellos.

Después de cambios en la metodología para medir la relación economía-tecnología, se puede afirmar que la tecnología es el factor clave de la competencia macro y microeconómica.

Existen diversos indicadores para medir la innovación tecnológica de un país, las más utilizadas son las estadísticas de I+D, los datos de patentes y las encuestas de innovación de la OCDE[2].

Ya desde la Revolución Industrial España ha ido desfasada respecto al resto de países, desde el principio fue un país muy dependiente de la tecnología exterior y los años posteriores a la guerra civil no hicieron sino empeorar gravemente la situación dejando en un estado muy débil a la ciencia y tecnología propias. Hay que añadir que el entorno no favorecía para nada a la solución de este grave problema pues a ello contribuían el aislamiento internacional, la primacía de los elementos ideológicos y el exilio de destacados profesores e investigadores. La consecuencia de todo esto fue una industrialización sobre la base de una tecnología importada con la única restricción de la disponibilidad de suficientes divisas para adquirirla.

En el 1960 empezó una etapa de aceleración del crecimiento industrial y en consecuencia de demanda de recursos tecnológicos, no obstante seguía siendo muy dependiente de la tecnología exterior.

Hubo que esperar a los años posteriores a la instauración de la democracia para que se sucedieran cambios significativos en este terreno. La concienciación del problema que tenía España llevó a crear el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), la ley de reforma universitaria, la Ley general de fomento de la actividad científica y el desarrollo tecnológico y los Planes Nacionales de I+D.

El gasto en I+D en España pasó de ser extremadamente bajo en 1980 al 0,5% del PIB en 1985 (debido a la reformas antes mencionadas) al 0,9% en 1990. Después de una etapa de estancamiento, volvió a crecer en fechas recientes hasta superar la barrera del 1%. Aunque se aprecia el esfuerzo tecnológico en la últimas dos décadas, éste no llega al 50% de la media europea.

En este mismo período los países nórdicos han duplicado la cifra del 1,5 al 3%, es decir, tres veces más de lo que invierte España. Los dos países más parecidos (Irlanda e Italia) se sitúan también por delante aunque recientemente se advierte un acercamiento, debido sobre todo al estancamiento del gasto en la economía italiana.

Se puede decir que en estas últimas dos décadas nos hemos acercado un poco a los promedios europeos, pero España sigue estando entre las economías que presentan una posición más desfavorable, siendo las importaciones en el ámbito tecnológico casi 10 veces superiores a las exportaciones durante la década de 1990. El capital riesgo apenas alcanza la mitad de los niveles europeos y la actividad patentadora es la séptima parte de la Unión Europea y un 10% de la de EEUU. (Delgado & Myro, 2006)[3]